La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, protagonizó este martes un nuevo embate contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al solicitar que se retire la inmunidad a ocho de sus magistrados por "conspirar" contra la nación al haber decidido en marzo pasado despojar de sus funciones al Parlamento.

El 29 de marzo el Supremo decidió asumir las competencias de la Asamblea Nacional (AN) y delimitó la inmunidad de sus diputados.

Aunque cuatro días después la alta corte rectificó estas decisiones, la Cámara, controlada por la oposición, le acusó de haber dado un golpe de Estado con el aval del presidente Nicolás Maduro, y consideró que esto no se puede "corregir" suprimiendo una sentencia.

Según la titular del Ministerio Público (MP), con esas sentencias "prácticamente se disolvía la Asamblea Nacional".

"Indudablemente estas sentencias ponen en peligro la democracia", dijo, a lo que agregó que, ante el desconocimiento del estado de derecho, se vio "en la necesidad de solicitar este antejuicio de mérito".

En ese sentido, Ortega afirmó que estas decisiones fueron una manera de "conspirar" contra la república.

"La solicitud es por cuanto (los magistrados) pudieran estar incursos en el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado a la nación", explicó la fiscal tras iniciar la acción legal.

Este "antejuicio de mérito" solicitado a la plenaria del TSJ recae sobre seis magistrados principales de la Sala Constitucional: Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez, y también sobre los suplentes Federico Fuenmayor y René Degaves.

A juicio de la fiscal, la Sala Constitucional ha venido actuando con una "política reiterada" en contra de la Cámara.

"Yo quiero aclararles que no es a través de un acto de fuerza como se conspira contra la forma republicana de la nación, también se conspira generando daños irreparables a través de sentencias", sostuvo.

Además, citó, entre esas formas de atentado, la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente para redactar un nuevo ordenamiento jurídico sin que se haya consultado previamente a los venezolanos.

No se puede "desmantelar el Estado, conspirar para cambiar la forma republicana establecida en esta Constitución, solamente por caprichos", recalcó.

Por estas mismas sentencias del Supremo, y luego por la convocatoria a la Constituyente, la oposición inició una agenda de protestas desde el pasado 1 de abril.

Por su parte, el titular de la Defensoría del Pueblo, Tarek William Saab, solicitó al máximo tribunal que aclare las competencias del organismo que él dirige para participar en las investigaciones de la Fiscalía, por casos de supuestas violaciones de derechos humanos.

El funcionario consideró que es una "cualidad inherente" de su despacho investigar las violaciones de derechos humanos y aseguró que ha habido "una interpretación libre" de la Constitución por parte del MP que, afirmó, ha impedido la participación de su institución en algunos casos.

"Se ha presentado una controversia en el sistema de justicia con relación a esta competencia", dijo Saab antes de introducir ante la Sala Constitucional un recurso de interpretación del artículo 285 de la Constitución.

Este apartado establece, entre otros aspectos, que es una atribución de la Fiscalía "ordenar y dirigir la investigación penal", "garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia" y "ejercer en nombre del Estado la acción penal".

Aunque Saab dijo no tener duda respecto a las facultades de la Defensoría del Pueblo, consideró que es "sano para la democracia" que el Supremo aclare si en efecto esta institución puede "abrir investigación y tener acceso a las actuaciones (...) cuando exista la violación de un derecho humano".

La fiscal ha reiterado que la acción penal es una competencia exclusiva de su despacho y, con base en ello, ha desmentido versiones del Ejecutivo sobre algunos hechos violentos suscitados en medio de la crispación social del país.

Este recurso de Saab surge cuando el Gobierno venezolano cuestiona a Ortega por su actuación frente a la oleada de protestas.

También acudió hoy al TSJ el diputado chavista Pedro Carreño para solicitar los requerimientos para la conformación de una junta médica de expertos, psiquiatras y psicólogos que evalúen la conducta de Ortega.

"Yo creo que ella está tratando de encubrir graves delitos en el país y eso es una demostración de que esa señora no está en sus cabales", afirmó el parlamentario en referencia a la supuesta "insania mental" de la fiscal.

Un grupo de fiscales y procuradores de 12 países expresaron hoy su respaldo a la fiscal venezolana y manifestaron su "preocupación" por la arremetida oficialista en su contra.

EFE